jueves, 25 de agosto de 2011

LAS CAMPAÑAS DEL DESPERDICIO

CIRO MURAYAMA RENDÓN

El gasto en publicidad gubernamental en México alcanza volúmenes inadmisibles para un país con una severa insuficiencia de recursos públicos. Las organizaciones Fundar y Artículo 19, a través de su proyecto “Publicidad oficial”, documentaron que tan sólo en 2010 las compras de publicidad del gobierno en medios costaron 6 mil 479 millones de pesos, aun cuando el Congreso sólo había autorizado a esa partida un presupuesto de mil 670 millones. En este rubro, el Ejecutivo federal traspasó los límites fijados por el Legislativo en más de 280%.
El gasto en publicidad gubernamental en 2010 significa lo equivalente a un salario mínimo mensual para 3.8 millones de trabajadores. Peor aun, lo que se pagó a los medios supera en más de 50% el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Programa de Apoyo Alimentario en 2010. Si las cifras de gasto revelan prioridades, para el gobierno fue más importante gastar en campañas mediáticas que blindar a la población vulnerable contra el hambre.
Esos 6 mil 479 millones en medios implican lo que hubiera costado una transferencia de 300 pesos a cada uno de los 21.8 millones de mexicanos que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, tuvieron un ingreso que no les permitió adquirir una canasta alimentaria en 2010. Lo gastado en medios por el gobierno es más del doble del presupuesto aprobado por el IFE al conjunto de todos los partidos. Unos tienen la mala fama pero el verdadero dispendio está en otra parte.
Lo peor del asunto, aunque de por sí grave, no es que se distraigan montos que podrían ser invertidos en temas sustantivos, sino que es un gasto innecesario porque los poderes públicos tienen garantizado el acceso a la radio y la televisión en forma gratuita.
En México hay una regulación sui géneris en materia de medios de comunicación electrónica. Pero uno de los aciertos de la normatividad es que establece que existan tiempos oficiales, que se conforman de los llamados tiempos de Estado, que abarcan 30 minutos diarios en radio y televisión; así como del “tiempo fiscal” que desde 2002 implica 18 minutos adicionales al día en tv y 35 en radio.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), es la encargada de administrar esos espacios. En la Constitución se establece que durante los periodos electorales el IFE administrará en forma exclusiva 48 minutos de tiempos del Estado en radio y tv, y aun así el gobierno dispone de 17 minutos diarios en radio para emitir mensajes siempre que no violente la legislación electoral.
De acuerdo con la información de la propia RTC, en el último bimestre de 2010 el tiempo del Estado fue de 35 mil horas en radio y de 6 mil 200 en televisión. De ese tiempo, el Ejecutivo dispuso de 40%. En sólo dos meses, el gobierno tuvo 14 mil 400 horas gratis en radio y 2 mil 600 en tv. Esos miles de horas equivalen a un tiempo englobado de 600 días de transmisión en radio y de 109 días en tele.
Más aún, en la información de RTC sobre el primer bimestre de 2011 se aprecia que el Ejecutivo dispone de 73% de los tiempos fiscales en televisión. Equivalen a más de 4 mil 500 horas o a 189 días seguidos de transmisión si se suman los espacios que gratuitamente ocupa el gobierno en los canales de televisión que se difunden en el país.
Esto demuestra que el gobierno tiene como autoridad pública una amplia cantidad de espacio para difundir sus mensajes sin necesidad de acudir como un cliente particular ante los medios electrónicos.
Si el Ejecutivo utilizara tan sólo la cuarta parte de los tiempos oficiales, tendría 12 minutos a lo largo del día en tv y 16 en radio, unos 36 anuncios de 20 segundos en cada canal de televisión y 48 mensajes por estación de radio, más que suficientes, para que sus campañas de comunicación social llegaran a la población sin tener que pagar a los concesionarios.
Otra cosa es la calidad de los mensajes. En estos días se emite publicidad del Ejecutivo en la cual se presume que se quitó el pago de la tenencia vehicular, uno de los pocos impuestos ecológicos y progresivos que había. Así que se renuncia a tener impuestos pertinentes y se opta por un gasto mediático excesivo.
Cada peso dedicado a comprar espacios de publicidad gubernamental en radio y televisión es un peso mal gastado.

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