JORGE ALCOCER VILLANUEVA
En el IFE regresaron de vacaciones; muchas tareas deberán atender los seis consejeros electorales, que siguen agobiados por la falta de tres, cuya elección sigue pendiente y sin fecha para su realización en San Lázaro.
De las tareas inmediatas, una es explicar a la sociedad los motivos para solicitar un presupuesto, para el año 2012, por 10,661.4 millones de pesos (no incluye financiamiento de partidos). Comparado con 2006, el IFE está pidiendo un incremento nominal del 50%, y respecto al 2009 de 26.2%. En términos reales (base: mayo 2011) el incremento respecto de hace seis años es del 20.5%. Son aumentos considerables, cualquiera que sea el parámetro de comparación.
Por vez primera el IFE rebasará la barrera de los 10 mil millones de pesos para su propio gasto. Ese solo hecho merece una explicación veraz y detallada. Leonardo Valdés dijo a los diputados que el incremento en el gasto obedece a la "reforma electoral de 2008"; argumento muy discutible que se repite en el primer párrafo del power point que entregó en San Lázaro. El documento citado también sostiene: "A diferencia de los ejercicios fiscales de 2006 y 2009, este presupuesto prevé los procesos electorales concurrentes en 15 entidades federativas" (IFE, Anteproyecto de Presupuesto 2012; documento de trabajo).
Tales explicaciones no se compadecen de los antecedentes; parecen una cortina de humo que busca ocultar la práctica de inflar el proyecto de presupuesto anual, en prevención de un posible recorte por parte de los diputados, como ha ocurrido en ejercicios anteriores.
Veamos: el costo de inversión derivado de la reforma fue cubierto en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009; su parte mayor consistió en el equipamiento para realizar el monitoreo de mensajes en TV y radio. Por otra parte, el costo de las elecciones locales corre a cargo de las finanzas estatales, o del DF. El IFE cobra a los institutos locales por los servicios del Registro Federal de Electores; en lugar de presupuestar gasto, debería considerar ingresos. En suma, nadie sabe cuáles serán los gastos que al IFE provocan las 15 elecciones locales concurrentes de 2012.
Además de la sobreestimación de gastos, se constata una mala planeación al considerar un dato e ignorar otro. Según el anteproyecto, los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral (17/06/11) eran 82.6 millones; el número de casillas para 2012 será de 147,095 lo que significa 7,955 más que en 2009. El número de capacitadores electorales será de 29,902 y el de supervisores 4,936; es decir, habrá un supervisor por cada 6 capacitadores, relación sin precedente no solo en el IFE sino en cualquier institución que enfrente tareas semejantes.
El dato que el anteproyecto ignora es que, con motivo de la caducidad de las credenciales para votar "03", el total en la lista nominal de electores es de 76.3 millones de ciudadanos; 6.3 millones menos que los inscritos al padrón; seguramente la lista crecerá en los meses siguientes, pero seguirá siendo significativamente menor al padrón. Presupuestar con base en los inscritos en este último es un error, o un truco para justificar gastos; quienes no aparecen en la lista nominal no podrán votar y por tanto no cuentan para fines de la planeación del número de casillas, de la impresión de boletas electorales y de casi todo lo demás que se relacione con la jornada electoral.
Las plazas permanentes ya superan las 10 mil, más 2,166 eventuales, que son permanentes, lo que supone un gasto por servicios personales de 4,413.5 millones de pesos, 41.4% del gasto total de 2012. Diversos estudios al respecto comprueban que a partir de 1996 se produjo un aumento sustancial en el número de plazas, hasta alcanzar, en 2006, casi 9 mil. Después de la reforma de 2008 se ha llegado a más de 12 mil plazas. El problema se agrava por el hecho que de ese total menos del 20% corresponde al servicio profesional electoral, que se supone es la columna vertebral del Instituto. Los elevados sueldos son otra parte del problema.
Es obvio que en año electoral el presupuesto del IFE aumenta, pero ello debe obedecer a necesidades y parámetros objetivos; mientras no exista una explicación del monto requerido para 2012, quedará la sospecha de un ejercicio de planeación defectuoso, o deliberadamente distorsionado con fines de "protección".
¡Ya párenle!
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